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lunes, 5 de agosto de 2013

Deslindes

Por Armando Sepúlveda Ibarra
Premio Nacional de Periodismo y ex director de Excélsior


Salinas y la Impunidad

Como una indeseable paradoja la justicia mexicana se ha vuelto tenaz defensora de la impunidad y, por efecto, en consciente protectora de delincuentes con sus polémicos fallos que, muchas veces, rayan en lo absurdo y la desvergüenza.

Viene a cuento el comentario por la increíble e indignante decisión del Poder Judicial que exonera a Raúl Salinas de Gortari de las documentadas acusaciones de enriquecimiento ilícito y, por si hubiera alguna duda sobre el trato amistoso que brinda al hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, ordena asimismo que le devuelvan los bienes decomisados: nada menos que 224 millones de pesos depositados en doce cuentas bancarias y 41 inmuebles en 24 estados del país.

Aun cuando el juez 13 de distrito en materia penal, Carlos López Cruz, concluyó en su sentencia del día 19 de julio pasado que Raúl Salinas de Gortari acumuló entre 1983 y 1992 una fortuna inexplicable para alguien que vivía de un sueldo como burócrata, al final lo exculpó “al no acreditarse que los bienes (…) son producto del abuso de las atribuciones conferidas”.

La historia sabe que, desde tiempo inmemorial, el brazo de la justicia mexicana se endurece con los débiles y los pobres y los encarcela inclusive con procesos amañados, pero se rinde ante el poder y el dinero y se vuelve, además de ciega y cínica, descarada cómplice de los abusos y desviaciones de los poderosos.

Por simple sentido común la gente de la calle, así como intelectuales y periodistas y en general, nunca han dudado de la veracidad de las tropelías que la Procuraduría General de la República le atribuyó a Raúl Salinas de Gortari cuando, a la sombra de su hermano en funciones de Presidente de la República, utilizó la cercanía familiar y su poder infinito para allegarse dineros públicos mal habidos y comisiones de diez o más por ciento – según las denuncias pertinentes -- para inclinar su ascendiente carnal a la entrega de jugosos contratos de obras y servicios, por los cuales grandes y medianos empresarios y compañías y hasta periodistas de alcurnia fueron beneficiados con este escandaloso tráfico de influencias.

Por el mundo corre la poco alentadora fama de que el poder público de México es uno de los más corruptos y, para consolidarlo como ejemplo de la descomposición de la burocracia reinante al mando de las fuerzas políticas, la impunidad tampoco ha de rezagarse de esos ignominiosos primeros sitios en las próximas encuestas e indagaciones de quienes estudian cómo caminan los gobiernos denominados democráticos.

La estadística oficial dice, sin pena ni asombro, que algo así como 92 por ciento de los delitos que se denuncian ante el ministerio público en el país, gozan de eterna impunidad y, para colmo, existen muchos casos en que a la víctima la encierran tras las rejas mientras el culpable sigue en libertad con sólo corromper con sus dineros a la autoridad.

La impunidad es todavía más grande si el lector suma de una vez a aquellas cifras la enorme lista de delitos que nunca llegan a la denuncia, porque la gente desconfía de las autoridades o carece de recursos para aceitar a la justicia con monedas o cañonazos al estilo de Alvaro Obregón, según el sapo y la pedrada. (Ecatepec puede ser un buen ejemplo en estos menesteres de corruptelas e impunidades).

Maquiavelo creía hace 500 años que la corrupción junto con la impunidad era símbolo de la decadencia y ambas, de manera irremediable, conducían a los estados que las toleraban, a la ruina, si persistían en continuar fomentándolas después de alcanzar los extremos intolerables para la ciudadanía.

Mas en este caso que hoy nos ocupa, restaría que el desprestigiado poder judicial, como broche de oro a su sentencia, ofreciera disculpas a Raúl Salinas de Gortari y le diera sus sabios consejos sobre cómo invertir y sacarle más beneficio a los 224 millones de y los 41 inmuebles devueltos a pesar de las evidencias.

Y, al mismo tiempo como escarmiento, que alguno de sus jueces o magistrados juzgara a los padres de los más de 50 niños muertos en el impune incendio de la guardería ABC de Hermosillo, por el grave delito de exigir hasta el día de hoy sólo justicia…

armandosepulveda@cablevision.net.mx

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