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jueves, 11 de julio de 2013

Que el 20% de escuelas son irregulares en el estado de México

Denuncia el diputado Octavio Martínez y advierte que el PRD no avalará la reforma que criminaliza la educación en la entidad

Toluca, México.- Después de que las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LVIII Legislatura mexiquense avalaron penas de prisión por prestar servicios educativos ilícitos, el presidente de la Diputación Permanente del Congreso local, Octavio Martínez Vargas indicó que el Partido de la Revolución Democrática no avalará esta iniciativa porque de aprobarse esta reforma dará como resultado que haya un mayor número de jóvenes y niños que estén dejando las aulas.

El legislador perredista Octavio Martínez Vargas informó que esta iniciativa establece sanciones a todas aquellas personas que impartan educación básica, media superior o superior, en cualquiera de sus modalidades y vertientes, sin autorización o reconocimiento de validez oficial.

Aclaró que la Reforma avalada en Comisiones, adiciona el articulo 148 Ter y un Capitulo XX, denominado "Impartición Ilícita de Educación" al Libro Segundo del Código Penal, en la que refiere que se impondrán de cinco a 10 años de prisión y una multa de mil a mil 500 días de salario mínimo vigente, a quienes impartan clases en escuelas irregulares.

Argumentó que es un tema muy complejo, que hay un estudio que están desarrollando en el que se estima que el 20 % de las escuelas en el estado de México de educación básica y de educación media superior son irregulares.

Explicó que entendiendo por irregular aquellas escuelas que tienen sus autorizaciones en trámite, que el gobierno del estado ha aceptado la solicitud, que les ha dado parcialmente un reconocimiento pero que aún no están con la validez oficial, la incorporación al algún sistema de educación, nacional o estatal.

Reconoció que en buena parte de las escuelas del estado de México participan organizaciones sociales que imparten educación en esta modalidad, “con el consentimiento de la autoridad, al menos así venía siendo” afirmó.

Puso como ejemplo escuelas de Ecatepec de la Laguna de Chiconautla donde hay una preparatoria, una primaria y una secundaria, al igual que en la comunidad Luis Donaldo Colosio, centros educativos pertenecientes a organizaciones sociales como la UPRES, Antorcha Campesina y la UGOCEM, que imparten clases a un gran número de alumnos, cubriendo una necesidad escolar, algunos con ciertos requisitos, otros parciales y otros más en regla.

Reiteró que esta iniciativa es verdaderamente preocupante porque lo que busca es criminalizar la educación “creo que no es la solución”, dijo.

Aseguró “lo que debiésemos de criminalizar son a quienes autorizan estas escuelas fuera de la ley, no solamente las escuelas de organizaciones sociales, sino las escuelas privadas que han estado proliferando sin cumplir los requerimientos urbanos”.

Expresó que en el caso de San Cristóbal Centro, están surgiendo un gran número de escuelas, en todas las avenidas, sin los espacios que autoriza la norma, sin los cajones de estacionamiento para los usuarios, estudiantes, profesores, etc.

Aseveró que las autoridades competentes otorgan el cambio de uso de suelo a diestra y siniestra, a quienes tenemos que penalizar es a las autoridades que están permitiendo eso y no a los profesores que van a impartir clases, es una iniciativa muy compleja, obviamente el PRD no va a avalar, esperemos que el PRI dé marcha atrás a criminalizar la educación en nuestro estado.

Finalmente comentó que esta reforma educativa abarca escuelas públicas y privadas y se refiere a todas aquellas escuelas que tienen en trámite la regularización.

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