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miércoles, 13 de febrero de 2013

El legislador Javier Salinas Narváez impulsa garantizar servicios de salud y pensión a todos los mexicanos


México, DF.- Con la finalidad de otorgar seguridad social y garantizar pensión a todos los mexicanos, el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Javier Salinas Narváez y la legisladora Guadalupe Socorro Flores Salazar del Grupo Parlamentario del PRD presentaron al Pleno una iniciativa con proyecto de decreto en la que reforman dos artículos de nuestra Carta Magna para que se establezcan sistemas que garanticen la prestación y el acceso a los servicios de salud y de pensiones para todos los ciudadanos de nuestro país.

Tras afirmar que la seguridad social mexicana requiere de una reforma profunda y urgente, de conformidad con nuestra nueva realidad económica, política y social, resaltaron que la seguridad social universal no sólo es la principal protección que puede brindarse a la sociedad en contra de la pobreza y las crisis financieras, sino que además, una reforma en este sentido promovería mejores condiciones para resistir las crisis financieras y remontarlas.

Explicaron que en México, la seguridad social se estableció como un derecho acotado a la población trabajadora, que cuenta con un empleo formal, contenido en el artículo 123 de la Constitución, y no como un derecho constitucional para todos los mexicanos.

Aclararon que en la década de los ochenta se reformó el sistema de salud, en parte como respuesta a la crisis económica, y se propuso, por primera vez, integrar las diversas instituciones en un Sistema Nacional de Salud. Sus bases políticas e ideológicas fueron elevadas a rango constitucional en 1983, mediante la modificación del artículo 4° que estableció el derecho a la protección de la salud.

Indicaron que en 2002, se implementó el Seguro Popular, que es un programa conjunto del gobierno federal y los gobiernos de los estados de aseguramiento público en materia de salud a familias y ciudadanos, para brindar protección a la población que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social.

Aseveraron que el programa inició en el 2002 y, según cifras oficiales, actualmente la cobertura alcanza a 19’811,349 familias y un total de 51’823,314 beneficiarios.
Subrayaron que algunos especialistas alertan que el Seguro Popular es un programa meramente estadístico, políticamente clientelar, un subsidio creciente y que promueve la informalidad.

Informaron que los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 muestran que para dicho año únicamente 65.6% de la población contaba con algún tipo de derechohabiencia a servicios de salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aparece como la principal institución de prestación de servicios de salud, con una cobertura de 32% de la población, seguida por el Seguro Popular, con 23.7%. y uno de cada tres mexicanos reportó no ser derechohabiente.

Destacaron que respecto a las pensiones, la cobertura de las instituciones de seguridad social, en 2008, alcanzó una población de 2.91 millones, las cuales reciben una pensión del IMSS o del ISSSTE. La cobertura de las pensiones en la población mayor de 60 años de edad, se incrementó más del doble entre 1980 y 2008, sin embargo, actualmente 2 de cada 3 personas de este grupo de edad no recibe ninguna pensión de estas instituciones.

Aseguraron que no obstante, los esfuerzos realizados para elevar la cobertura en materia de salud y las reformas a los sistemas de pensiones, existe consenso respecto de la imperante necesidad de ampliar la cobertura a toda la población y afrontar los graves problemas de financiamiento que se avecinan.

Por ello el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara baja, Javier Salinas Narváez presentó ante la asamblea legislativa la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 4º., Quinto Párrafo, y 73, Fracción XXIX-P, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Todos los mexicanos gozarán de seguridad social que comprenda todos los servicios de salud y el derecho a una pensión por edad, retiro, incapacidad, viudez y desempleo, a fin de garantizar su bienestar con calidad de vida. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y pensión universales.

Asimismo se deberá prever un sistema de seguridad social universal, cubriendo a la totalidad de los mexicanos; integral, por lo que deberá cubrir la totalidad de los gastos que se generen por los diferentes riesgos y anticipen la mayor parte de las contingencias que pueden afectar la vida de los mexicanos; solidario, con fórmulas que posibiliten expresar la solidaridad entre generaciones, entre grupos sociales o entre distintas regiones y entidades federativas del país; redistributivo, para atemperar la desigualdad y la pobreza; favorecer las aportaciones adicionales de los beneficiarios para acceder a una pensión mayor; y portable, estableciendo los procedimientos para que los fondos y aportaciones personales puedan transitar con él a cualquier otra modalidad o sistema existente.

La ley reglamentaria del derecho de todos los mexicanos a la prestación y el acceso a los servicios de salud deberá establecer un sistema que garantice la universalidad de la atención a la salud de todos los mexicanos, con servicios preventivos, curativos y de rehabilitación; servicios ambulatorios y de hospitalización; autónomo, con la participación de representantes del Estado, los empresarios y trabajadores los sectores en su órgano de gobierno; y que articule la totalidad de los programas existentes en los tres ámbitos de gobierno.

La ley reglamentaria del derecho de todos los mexicanos a una pensión deberán establecer un sistema de pensiones universal autónomo, con la participación de representantes del Estado, los empresarios y trabajadores los sectores en su órgano de gobierno, que articule la totalidad de los programas existentes en los tres órdenes de gobierno, y permita contar con pensiones para la totalidad de los mexicanos en edad de retiro, por incapacidad o viudez, diferenciadas de acuerdo a la situación del pensionado.

Finalmente la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados canalizó a Comisiones la iniciativa presentada por el presidente de la Comisión de Seguridad Social Javier Salinas Narváez y la legisladora Guadalupe Socorro Flores Salazar.

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