Higinio Martínez denunció desvío de recursos en beneficio de la campaña presidencial del PRI.
El gobierno mexiquense está en quiebra por haber financiado la compra de la Presidencia de la República, acusó Oscar González Yáñez, del PT
Toluca, Méx.- Antes de que Peña Nieto se lo llevara a su equipo de transición, el secretario de finanzas del gobierno mexiquense, Raúl Murrieta Cummings, compareció la semana pasada ante la Cámara de Diputados local, donde informó que el estado de México tiene una deuda total de 30 mil 501 millones, por lo que cada mexiquense tenemos una deuda de mil 844 pesos, y muy ufano dijo, dicha suma es menor a la que arrastran los defeños, quienes deben 6 mil pesos cada uno.
Pero su informe no convenció a los diputados, quienes le señalaron que la deuda del estado es cada vez más elevada y lo cuestionaron por el endeudamiento de los municipios.
Erik Pacheco Reyes, del PAN, le indicó que de nada sirven las calificaciones financieras, ni orientar gasto en rubros como infraestructura, educación y salud, si se siguen padeciendo problemas.
El coordinador parlamentario del Movimiento Ciudadano, Higinio Martínez, habló de un presunto desvío de recursos en beneficio de la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En respuesta, el secretario de Finanzas afirmó que “ni para esa campaña ni para otra hubo apoyos, puesto que la ley no lo permite”.
Óscar González Yáñez, del PT, cuestionó el uso de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) para la construcción de obra pública e insistió en que debe aclararse el destino de los recursos públicos del Estado de México.
Los legisladores de las izquierdas (PRD, PT y MC) cuestionaron que las cuentas bancarias del gobierno presentaran errores y reiteraron que recursos públicos fueron destinados a la campaña de Peña.
"Eso pasa porque les dicen: urge el dinero, mándalo y ocurre el error", afirmó el diputado del PT, Oscar González, al señalar que el Gobierno mexiquense está en quiebra por haber financiado la compra de la Presidencia de la República.
El diputado advirtió que mientras el Gobierno estatal destinó recursos para la compra de monederos electrónicos en la campaña presidencial, la deuda pública en el Estado asciende a 38 mil millones de pesos, a lo cual se suman los 42 mil millones de pesos que costarán los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), mecanismo donde la iniciativa privada hace y da mantenimiento a 6 obras públicas.
"Que no nos vengan a mentir, los recursos públicos estuvieron al servicio de una campaña", acusó.
Higinio Martínez, de Movimiento Ciudadano, preguntó "¿Cómo puede equivocarse un banco en un depósito de 50 millones?"
El diputado también exigió conocer por qué dicha cantidad fue transferida de una cuenta pagadora del Gobierno estatal, abierta en BBVA Bancomer, a la referida de Scotiabank.
En respuesta, Murrieta argumentó que para obtener ganancias dicho dinero se envió durante las noches a Scotiabank.
Al respecto, Raúl Murrieta, quien fuera secretario de finanzas de Peña Nieto cuando éste gobernó Edomex , y que Eruviel Avila ratificó en el cargo, reconoció que existieron tres errores en los registros de las cuentas bancarias del Gobierno estatal, uno durante y dos después de la campaña presidencial, donde particulares aparecieron como beneficiarios de depósitos millonarios.
El error que ocurrió durante la campaña (19 de junio), dijo, consistió en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México, donde el particular Marcos González Pak apareció como beneficiario de 50 millones de pesos de la cuenta 044420038008069350 de Scotiabank.
Tras la denuncia del ahora diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, por un desvío a la campaña del priista Enrique Peña, dicho registro fue corregido por el Banco de México, quien emitió un nuevo comprobante donde quedó como beneficiario el Gobierno mexiquense.”La falla sólo fue en el registro, pues el dinero no fue desviado”, agregaron..
Por parte del Grupo Parlamentario del PRD: el diputado Tito Maya de la Cruz, solicitó la intervención del secretario para la liberación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); mientras que Ana Yurixi Leyva Piñón, pidió aclarar el presunto uso de recursos públicos con fines electorales.
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