La frustración que padecen miles de jóvenes año con año –tanto en la zona metropolitana de la Ciudad de México (donde se encuentra la mayor concentración de instituciones de nivel medio y superior) como en todo el país– va de la mano con su muy pobre formación educativa y cultural, que se va acumulando desde la educación básica y tiene enormes consecuencias negativas en sus trayectorias de vida, laborales, en sus niveles de ingreso y de promoción ocupacional.
La diferenciación y desigualdad que se vive en el conjunto del sistema educativo va desescolarizando, precisamente a partir de exámenes y pruebas, a grandes segmentos de la población en relación con su condición económica y familiar, su ubicación territorial, su sector social y cultural y hasta por razones de género.
Los exámenes de ingreso que se realizan por parte de las instituciones de educación media superior y superior refuerzan estos elementos de inequidad y los reproducen en sus niveles escolares correspondientes.
Ser mujer, vivir en una población rural o indígena, hablar una lengua y poseer una cultura ancestral o ser joven en un barrio marginal en ciudades medianas o grandes, son motivos que hacen que estas personas cuenten con menos posibilidades de continuar sus estudios, por encima de sus talentos, capacidades de interculturalidad o a pesar del éxito que hayan alcanzado en sus trayectorias escolares.
Se trata de la organización histórica de un proceso de escolarización socialmente negativo, convulsivo e ineficaz, para una sociedad que pudiera aprovechar sus grandes capacidades humanas a favor de un desarrollo con bienestar para todos, pero que hace lo contrario.
Todo está previsto para ir expulsando a miles y miles de estudiantes año con año, por medio de mecanismos extraeducativos y escolares (una enseñanza orientada a pasar exámenes durante cada ciclo y nivel, pero que ni siquiera los prepara bien para contestar todas las pruebas a las que son sometidos) que se traducen en trabas burocráticas que generan inmensas filas de jóvenes y luego de adultos que no alcanzan a ubicarse en sectores laborales y salariales formales, que les permitan algún tipo de movilidad ocupacional y bienestar familiar.
El gran tema de los rechazados, por tanto, no es sólo que se exijan más lugares donde puedan ubicarse en susgrupos de edad educativos (porque las escuelas no son estacionamientos), sino que lo que está en juego es lo que se enseña y se aprende en esos lugares de estudio, porque eso les impide construir trayectorias que hagan posible que todos, independientemente de su origen social, cultural o género, puedan a su manera aprender y seguir aprendiendo durante toda su vida y obtener de forma significativa conocimientos imprescindibles.
Durante años los estudiantes rechazados han demandando un espacio para educarse en el bachillerato y en las universidades que ellos quieren.
Sin embargo, para los responsables de las limitaciones e ineficiencias que de forma provocada se mantienen en el sistema educativo nacional, la respuesta siempre ha sido fatal y equivocada: Para el caso ahora les ofrecen opciones que los estudiantes no quieren, fabrican salidas para darles “atole con el dedo” (como una feria de recolocación y de ofertas de estudio con la imagen de un mercado) cuando ha llegado el momento de trascender y preguntarles ¿qué hicieron durante su período de burócratas para resolver algo de lo que ya tenían conocimiento: El gran desfase entre oferta y demanda en el bachillerato y en la educación superior? Deberían aplicárseles sanciones a estos funcionarios por no haber atendido este problema añejo y socialmente muy agudo, desde la perspectiva de la garantía de los derechos humanos.
Asimismo ahora los estudiantes tienen la iniciativa y una excelente coyuntura: Una movilización de jóvenes muy amplia que cuenta con un gran respaldo de parte de la sociedad civil organizada.
Es por ello que deben orientar sus esfuerzos en definir compromisos de corto y mediano plazos con las autoridades educativas para una solución de fondo y no aceptar, otra vez, paliativos.
Deben exigir la creación de una Universidad Autónoma (tipo UNAM) con recursos federales para cada estado de la República y para el Distrito Federal, organizar una propuesta de nueva oferta educativa centrada en nuevas carreras, una currícula moderna centrada en el aprendizaje de habilidades, capacidades múltiples, complejidad e interdisciplina (tirar al bote de la basura el bodrio que inventó la SEP de un “currículum por competencias”) y garantizar recursos financieros ampliados para hacer posible una verdadera expansión en la educación universitaria y el bachillerato, con becas de permanencia y logro en los estudios y recursos para que el egresado pueda contar con la posibilidad de una inversión productiva que le permita incorporarse de forma exitosa al mercado laboral.
Sin estos compromisos a los que les pueda dar seguimiento una comisión ciudadana organizada ex profeso, que acompañe la realización de los acuerdos, para los próximos meses lo que hoy se asume como un rechazo educativo podrá convertirse en una conciencia crítica monumental de indignados cada vez más activos e irreverentes.
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